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Dos semanas de negociaciones sobre modalidades y procedimientos demuestran la poca voluntad política para avanzar sobre aspectos sustantivos en Bonn

15 de junio de 2024. Luego de dos semanas en Bonn, Alemania, donde más de 190 países se reunieron para avanzar en los acuerdos sostenidos en Dubái el año pasado y preparar la base necesaria para las discusiones en Baku a fines de este año, los avances son mínimos. La conversación sobre la necesidad de contar con apoyo y medios de implementación para impulsar la agenda climática permeo todas las salas de negociación y fue evidente que los países ricos buscan eludir sus responsabilidades y diluir los compromisos establecidos. Así, la discusión más relevante de este año, referida a la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento, se vio nublada por el interés de desviar la conversación sobre los trillones que son necesarios en donaciones públicas desde los países del norte global a los del sur global. Asimismo, las conversaciones sobre los procesos de actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) parece totalmente desconecta del proceso, en tanto los espacios para hablar de la implementación de las recomendaciones del Balance Global (GST), en particular a lo que refiere a mitigación, lo logró florecer. 

Hacia Baku, serán clave las señales políticas y propuestas del G7 y G20 en materia de transformación del sistema financiero vigente para reforzar la confianza respecto de un resultado justo y responsable en la COP29 y la implementación de las NDCs y planes de adaptación en los países del sur. En adelante el marco de justicia debe permear el multilateralismo.

Reacciones de organizaciones del nodo de CANLA

Financiamiento 

“Bonn nos deja con grandes tareas para alcanzar el diseño de una nueva meta de financiamiento climático que sea realmente justa, equitativa y eficaz. Si bien tenemos ya un texto de negociación de 35 páginas, el problema fundamental es asegurar que responda a las necesidades de los países en desarrollo, que atienda las brechas de financiamiento, que no genere más deuda y que no diluya la responsabilidad de los países desarrollados de atender sus obligaciones financieras”. – Sandra Guzmán, Directora de GFLAC

Adaptación 

«Las negociaciones sobre el marco de los EAU para la resiliencia mundial, cuyo objetivo es medir cómo se está implementando el esfuerzo colectivo en materia de adaptación, terminaron con un texto comprometido en Bonn, en cualquier referencia a los medios de implementación fue eliminada. Este fue el juego que los países ricos jugaron en todas las salas de negociación argumentando que el apoyo al financiamiento estaba fuera del alcance

del mandato. Pero, seamos sinceros, ¿No es, acaso, el flujo de financiamiento un indicador fácil de medir y de alcance global, adecuado para saber cómo se avanza con las acciones de adaptación?  El juego de los países ricos en las salas de adaptación también quiso diluir cualquier referencia a los principios de la convención que, básicamente, reconocen su responsabilidad de aportar financiamiento dada la crisis climática que han inducido. Eso llamó mucho la atención y es muy vergonzoso cuando no hay la menor duda sobre la necesidad de aumentar la financiación para la adaptación y cuando está en juego nada menos que el dolor de la humanidad y la pérdida de vidas no humanas» – Karla Maass, Asesora de Incidencia y Campañas, CAN América Latina 

Acción por el empoderamiento climático

“El cambio climático está exigiendo un nuevo contrato social, una transición justa y ecológica no puede ser alcanzada sin Acción por el Empoderamiento Climático (ACE). Durante Bonn se estaba viendo la adopción del reporte anual, el cual llevó las negociaciones en COP28 a regla 16 debido a la negativa de los países desarrollados en permitir que se le provea guías a los países para que sometan información sobre sus brechas financieras, incluyendo la disponibilidad y accesibilidad. No se puede mejorar lo que no se mide. ACE no es solo un componente de la estrategia climática, es la espina dorsal que apoya cada faceta de nuestra acción climática. El mandato de ACE es asegurar que toda la sociedad está informada, activa, y preparada para influenciar y contribuir a la crisis climática. Asegurar que todo el mundo tiene la autonomía y determinación propia no es algo que viene secundario a la acción climática sino que está en el centro. Por tal razón, tal bloqueo no solo afecta nuestro compromiso colectivo, sino también socava el espíritu de colaboración que este proceso demanda y es de costumbre en estas salas. Necesitamos urgentemente que los países vengan a las negociaciones con un espíritu constructivo y colaborativo”. – Isatis M. Cintrón-Rodríguez, Coordinadora Regional de Citizens Climate International

Pérdida y Daños

“Para que el Fondo tenga éxito, el Banco Mundial y otras entidades que forman parte de los acuerdos financieros, tienen que hacer una fuerte reingeniería para cambiar su legado dañado, ahora que se atreven a afrontar los daños y pérdidas que sufren los más vulnerables. No dañar y responder a los daños ambientales transfronterizos es una necesidad para el fondo. Un fondo sin acceso directo a las organizaciones locales y comunidades está perdido. El fondo para daños y pérdidas debe abordar los daños económicos y no económicos guiado por las comunidades afectadas. El fondo de daños y pérdidas debe ser para cumplir con el estado de derecho y proteger los derechos humanos. Para la COP29, retamos a los países a cumplir con sus obligaciones legales y a rendir cuentas por los actos ilícitos internacionales, que la acumulación de emisiones de carbono ha causado “. –  Adrián Martinez, Director de La Ruta del Clima. 

Transición Justa

«Las negociaciones en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa llegaron a un acuerdo en el último día de la SB60. Si bien se acordó sobre temas centrales como la participación efectiva de las partes y no partes en las distintas etapas del proceso, no hubo

consenso sobre la creación de un plan de trabajo para operacionalizar el programa. En este sentido, resulta fundamental avanzar con un plan ambicioso que contenga objetivos claros, accionables concretos e indicadores.

La crisis climática es hoy y ya podemos ver sus efectos, pérdidas y daños en varias regiones del mundo, particularmente del sur global. Es fundamental incorporar la transición justa, de manera transversal, a todas las políticas públicas. La misma debe tener como base el respeto de los derechos humanos y protección social y de la biodiversidad, tener un enfoque multisectorial y considerar las necesidades y circunstancias nacionales.» Camila Mercure, Responsable de Política Climática de FARN.

“El Programa de Trabajo para una Transición Justa se estableció para abordar los retos sociales y económicos derivados de la transición hacia economías bajas en carbono, buscando que la transición sea equitativa e inclusiva, promoviendo la protección de los trabajadores y las comunidades afectadas. En Bonn, las partes sólo acordaron conclusiones de procedimiento, pero las organizaciones de la sociedad civil abogaron por la inclusión de los principios de una transición justa y para que los impactos de la acción climática sobre todos los derechos humanos: laborales, sociales, económicos y medioambientales sean evaluados en todos los territorios. La dimensión de justicia también debe tener en cuenta la diferencia en los impactos de la transición en distintas zonas del planeta, por ejemplo, los impactos de la extracción de minerales críticos para la transición en ecosistemas sensibles, poniendo en peligro a comunidades vulnerables y repitiendo los problemas que la extracción de combustibles fósiles trajo en el pasado.” Javier Dávalos, Director del Programa de Clima, AIDA 

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Sobre CANLA

Somos el nodo latinoamericano de Climate Action Network (CAN), una red global de organizaciones no gubernamentales comprometidas en la lucha contra las causas y los efectos nocivos del cambio climático. Estamos conformados por 67 organizaciones de 18 países de América Latina y el Caribe y juntos buscamos realizar incidencia política y pública de forma articulada para combatir con urgencia los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe, desde un enfoque basado en la ciencia y con énfasis en la justicia climática y el respeto de los Derechos Humanos.

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