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El largo y discutido camino hacia una nueva meta colectiva y global de financiamiento

En 2009, los países desarrollados acordaron movilizar 100 mil millones de dólares al año para 2020 con el fin de apoyar la acción climática en los países en desarrollo. Luego, en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se decidió establecer una nueva meta colectiva global de financiamiento climático (NCQG, por sus siglas en inglés), que reemplazaría a la de 100 mil millones. Pues bien, ha llegado el momento: dicha meta debería ser adoptada en la COP29 que se celebra este año. El hito coincide con la revisión de las nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) que los países deberán presentar en 2025. Así, la nueva meta será un indicador de la posibilidad que tendrán los países en desarrollo de cumplir con sus nuevas NDCs, además de una señal de justicia, que podría reforzar la credibilidad en el sistema de las negociaciones.

Sin embargo, como todo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), llegar a un acuerdo no será fácil debido a la cantidad de decisiones que deben tomarse para delinear la NCQG en su totalidad. Hace falta acordar, por ejemplo, el “quantum”, que es la cifra que los países desarrollados deberán comprometer colectivamente para atender las necesidades de los países en desarrollo. Mucho se debate también sobre la base de contribuyentes que serán llamados a alcanzarla, considerando que el mundo ha cambiado y que algunos países han avanzado en su desarrollo. Además, se discute si la nueva meta incluirá acciones relacionadas con el alivio a las pérdidas y daños, concepto que no existía cuando se discutió la meta anterior. Estos, entre muchos otros detalles, deben ser acordados antes de que caiga el martillo con una decisión sobre este tema. 

La NCQG es una oportunidad para que los países tomen lo aprendido de la meta inicial de 100 mil millones y aseguren una nueva meta que sea más efectiva, no solo en cantidad, sino en sus formas de implementación. La obligación de financiar la acción climática que tienen los países desarrollados no es limosna ni caridad; es un deber y una responsabilidad. Además, está en sus mejores intereses: los impactos de la crisis climática son globales y también les alcanzan. Sin meta no hay flujos financieros y sin financiamiento nos traga la crisis. 

Esperamos que en lo que queda de Bonn se avance en pavimentar el camino que permitirá cerrar una nueva meta satisfactoria durante la próxima COP. Con esto podrá comenzar, lo antes posible, el llenado de las arcas del financiamiento climático necesarias para activar la acción climática.

Por Florencia Ortúzar- AIDA

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