La comunidad científica internacional ha alertado que quedan menos de 3 años para frenar oportunamente la emergencia climática, y que es necesario emprender cambios transformacionales y sistémicos en diversos sectores de la sociedad para evitar un futuro desolador, marcado por eventos climáticos extremos e inestabilidad social y económica.
Con ocasión de la SB60, los países deben construir los cimientos que permitan devolver la confianza y credibilidad, no solo al proceso, sino respecto de su real compromiso con los territorios y sus comunidades. Las guerras y las respuestas armamentistas que hemos presenciado (desde la invasión de Rusia a Ucrania hasta el genocidio en curso en contra del pueblo Palestino), no sólo cuestionan los propósitos de quienes gobiernan, sino que promueven terrenos de violencia a diferentes escalas que exacerban los terribles daños que está causando la crisis climática, incluyendo la afectación de ecosistemas estratégicos para la vida, como la Amazonia, de vital relevancia para la estabilidad climática global.
Es clave recordar que, en el contexto de crisis en el que nos encontramos, existen responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que se traduce en que los países industrializados deban liderar, acompañar y apoyar las transiciones necesarias para la puesta en marcha de las recomendaciones resultantes del primer Balance Global (GST). Esto incluye, como prioridad, el abandono de los combustibles fósiles en todos los sistemas energéticos y la alineación de los flujos financieros con una agenda de cuidado, precaución y resiliencia. Los países industrializados, además, deben buscar mecanismos, canales y oportunidades para reparar la promesa incumplida de los 100 mil USD, e impulsar una nueva meta colectiva cuantificable (NCQG) que permita atender las necesidades, reparar daños y favorecer la transición energética justa, como proceso global de base local. Sin recursos sobre la mesa se arriesga la generación de zonas de sacrificio en el Sur global y la pérdida de legitimidad del proceso de negociación internacional de la CMNUCCC.
Los países de América Latina y el Caribe, por su parte, deben implementar rigurosamente los estándares de Escazú en los procesos de actualización de sus Contribuciones Nacionales (NDCs), asegurando la protección del acervo natural de nuestros países. Es necesario que se emprendan procesos multiactor para diseñar e impulsar las transiciones socioeconómicas necesarias a fin de asegurar la necesaria legitimidad social para operar. Adicionalmente, los países de la región deben trazar mecanismos para la cooperación y transferencia de capacidades a nivel regional, a fin de fortalecer y proteger el territorio y las culturas. En la región, incorporar la sabiduría y conocimientos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales (IPLC), no solo es justo, sino que es también deseable y más aún necesario para alcanzar las mejores soluciones ante los efectos y consecuencias del cambio climático.