A casi cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la región muestra avances importantes, pero también profundas brechas en su implementación. Actualmente, 24 países han firmado el Acuerdo y 19 lo han ratificado, consolidando una base política significativa. Sin embargo, el verdadero desafío ya no es la adhesión, sino la implementación efectiva.
En este sentido, uno de los indicadores más claros del avance real es el desarrollo de planes y hojas de ruta nacionales. Hasta la fecha, solo 7 países han presentado públicamente sus planes de implementación, disponibles en la plataforma de la CEPAL, mientras que 2 más han finalizado estos instrumentos y otros 2, como Colombia y México, se encuentran en proceso. Esto evidencia un avance progresivo, pero aún limitado y desigual entre las Partes.
El Proyecto de decisión IV/4 de la COP4 marca un punto de inflexión al reconocer estos avances e impulsar una metodología común para la elaboración de hojas de ruta, incorporando elementos prioritarios como líneas de base, participación pública y definición de acciones prioritarias. Además, propone el desarrollo de un sistema de seguimiento, reporte y verificación, lo que representa un paso fundamental hacia una implementación más estructurada y medible.
No obstante, otros proyectos de decisión evidencian desafíos estructurales. El IV/5 subraya la necesidad de contar con financiamiento predecible, en un contexto donde el Fondo de contribuciones voluntarias sigue siendo la principal fuente de apoyo, lo que limita la sostenibilidad de las acciones. Por su parte, el IV/10 enfatiza la cooperación regional e internacional como mecanismo para fortalecer capacidades, reflejando que muchos países aún dependen de apoyo externo para avanzar.
En conjunto, estos elementos muestran que la región transita de una fase de compromiso político hacia una etapa más compleja de implementación. Sin embargo, mientras no se acelere la elaboración de planes nacionales, se garantice financiamiento adecuado y se consoliden mecanismos de seguimiento, el Acuerdo de Escazú corre el riesgo de mantenerse más como una promesa que como una herramienta efectiva de democracia ambiental.
Por: Cristian Flores Mamani, Técnico en Incidencia Política, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBFCC)