Este año se realiza la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo en Nassau, Bahamas entre el 21 y el 24 de abril, a la que asistirán 19 Estados que actualmente son parte del Acuerdo y la sociedad civil involucrada.
A pesar de los esfuerzos regionales de los diversos órganos del Acuerdo de Escazú, los actores involucrados y la sociedad civil, aún sigue siendo un reto la participación efectiva del público, sobre todo de quienes defienden y protegen el medio ambiente. Ello se ha evidenciado en las diversas COPs celebradas y los foros de defensores ambientales, debido a los costos logísticos y desafíos metodológicos de participación, entre otros. Es imprescindible que ello pueda mejorar, para que el Acuerdo pueda ser una realidad.
Esta COP tiene especial relevancia pues se elegirá la nueva Mesa Directiva que liderará los próximos 2 años la implementación del Acuerdo de Escazú y se discutirán 10 proyectos de decisión. Se espera que la nueva mesa directiva pueda ser integrada por países que ya cuenten con la experiencia en la implementación nacional para alentar estos procesos, que incluyan a los representantes del público en su trabajo regional y que incrementen su diálogo con la sociedad civil.
Respecto a los proyectos de decisión, una de las decisiones importantes será la creación de 2 nuevos órganos subsidiarios. Un grupo técnico de expertos que preparará una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes y un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales que podrá elaborar lineamientos para fortalecer la implementación del artículo 8 del Acuerdo.
Será importante que ambos grupos estén integrados por los Representantes Electos del Público y que se asegure la participación efectiva de la sociedad civil, en especial de pueblos indígenas y aquellos afectados por la contaminación ambiental y por la falta de justicia. Pues de esa manera, se podrá generar una base regional que mejore el cumplimiento normativo de protección ambiental y sostenibilidad, asegurando un entorno más seguro y saludable.
En ese sentido, será necesario que haya una articulación con el grupo ad hoc de defensores creado en la COP 1, pues sus planteamientos también contribuirán a garantizar un entorno seguro y propicio para las y los defensores ambientales. Asimismo, para recoger las lecciones aprendidas, pues las acciones de este grupo contaron con deficiencias en la participación efectiva de los representantes del público y de las y los defensores ambientales, en la construcción del plan regional y foros de defensores, a pesar de que incluía la especial participación de pueblos indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.
Por: César Gamboa y Aída Gamboa, Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR