A ocho años de su adopción, la cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú se inscribe en un proceso progresivo en el que, pese a tratarse de un acuerdo relativamente joven, se han logrado avances significativos, como la adopción del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores, el desarrollo de herramientas para su implementación y la elaboración de la guía de transversalización de género. Estos avances han sido impulsados por la participación activa de la sociedad civil, lo que confirma su papel como actor clave en la implementación y seguimiento del Acuerdo.
La principal expectativa en la COP4 es avanzar de los compromisos a la implementación efectiva. Un eje central será la capacidad de los Estados de reportar avances reales, especialmente en la implementación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. En una región que continúa siendo la más peligrosa para quienes defienden el ambiente, su implementación no es un tema accesorio, sino una condición para cualquier agenda de gobernanza ambiental y acción climática. A esto se suma la reciente incorporación de nuevos Estados Parte, como Colombia, Dominica, Bahamas y Trinidad y Tobago, para quienes está COP representará su primer ciclo de reporte, ampliando el alcance del Acuerdo. Con el horizonte de 2030 cada vez más cercano, este ciclo será clave para evaluar avances y lecciones aprendidas concretas en este ámbito.
La COP4 también refleja una relación cada vez más clara entre el Acuerdo de Escazú y la acción climática. El mandato de avanzar en recomendaciones sobre registros de emisiones, junto con desarrollos recientes del derecho internacional que refuerzan la obligación de los Estados de garantizar un ambiente sano frente a la crisis climática, evidencian que los derechos de acceso son condiciones habilitantes para una acción climática efectiva.
En el plano político, la renovación de la mesa directiva abre una oportunidad para que países como Colombia asuman un rol de liderazgo en la agenda de implementación del Acuerdo. Asimismo, la definición de metodologías para las hojas de ruta nacionales será clave para asegurar procesos participativos incidentes.
Sin embargo, el desafío del financiamiento persiste. Sin recursos suficientes, el riesgo es que Escazú avance en su diseño institucional sin lograr impactos reales. La COP4 será, por tanto, una oportunidad clave para seguir consolidando el Acuerdo como una herramienta efectiva para garantizar derechos y fortalecer la gobernanza ambiental en la región.
Por: Karol Sanabria Rodríguez, Investigadora Senior del Programa de Alternativas al Desarrollo- Asociación Ambiente y Sociedad