Centroamérica llega a la cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú con una deuda acumulada. Honduras, Guatemala y El Salvador concentran algunos de los índices más altos de violencia contra personas defensoras del ambiente y del territorio en el mundo. Detrás de esas cifras hay nombres, comunidades, cuerpos y territorios: mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas que, mientras defienden el agua, la tierra, los bosques y la vida, enfrentan estigmatización, acoso, criminalización y una sobrecarga de cuidados que el sistema no reconoce ni protege.
El Acuerdo de Escazú es, hasta hoy, el único tratado internacional que incorpora disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras ambientales. Pero su potencial transformador depende de una condición que la COP4 debe afirmar sin ambigüedad: Escazú solo será transformador si se implementa desde un enfoque de género e interseccionalidad. Los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras son diferenciados; es importante reconocer que son la expresión de patrones estructurales de un sistema capitalista, colonial y patriarcal que históricamente ha tratado los cuerpos de las mujeres y a los territorios de los pueblos como objetos de apropiación y control.
Frente a este escenario, es importante avanzar en cinco niveles: Primero, pasar de marcos declarativos a implementación real, con indicadores, cronogramas y presupuestos específicos. Segundo, garantizar participación efectiva y segura para las mujeres —en toda su diversidad— en los mecanismos propios del proceso de Escazú, con pertinencia lingüística y cultural. Tercero, adoptar mecanismos de protección con enfoque colectivo y comunitario, que reconozcan que las defensoras no actúan solas. Cuarto, vincular la protección de defensoras con la seguridad territorial: sin titulación colectiva y presencia efectiva del Estado, la violencia no cede. Quinto, asegurar financiamiento suficiente y sostenido que atienda las desigualdades de género y territoriales, sin el cual ninguna implementación ocurre.
La COP4 no puede limitarse a reafirmar compromisos. Necesitamos que Escazú se convierta en una herramienta concreta para quienes desde el cuerpo-tierra-territorio sostienen la vida. Defender el ambiente no debería implicar poner en riesgo la propia existencia: esa es la medida real del Acuerdo, y la vara con la que la COP4 será recordada.
Por: Marcela Marín Platero, Coordinadora de Justicia Climática y Pueblos Indígenas, Oxfam en Centroamérica