Desde CANLA —nodo latinoamericano de Climate Action Network (CAN)— expresamos nuestra seria preocupación ante las acciones legales emprendidas contra las organizaciones ambientales Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque en Panamá, incluyendo el embargo judicial de cuentas y bienes, así como demandas civiles y querellas criminales en el marco de su oposición al proyecto Puerto Barú en David, que pretende desarrollarse en el área protegida Manglares de David.
Reconocemos el derecho de los Estados a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica. Sin embargo, advertimos que el uso de medidas cautelares financieras que afectan de manera inmediata la operatividad de organizaciones de la sociedad civil puede generar un efecto inhibidor incompatible con los estándares democráticos y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
Panamá es Estado Parte de instrumentos internacionales que protegen de manera expresa la libertad de expresión, la libertad de asociación, el acceso a la justicia y la participación pública en asuntos ambientales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú. Estos tratados establecen obligaciones claras para garantizar que las personas y organizaciones defensoras del ambiente puedan ejercer su labor sin intimidación, represalias ni restricciones desproporcionadas.
La acción climática efectiva y basada en la ciencia requiere un entorno habilitante para la participación pública, la transparencia y el acceso a la justicia. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol esencial en la vigilancia ambiental, la rendición de cuentas y la defensa de los territorios y comunidades más vulnerables a los impactos del cambio climático. Debilitar este espacio cívico compromete la calidad de la gobernanza climática y ambiental y erosiona la confianza pública en las instituciones.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más expuestas a la crisis climática. En este contexto, la protección de ecosistemas fundamentales para la resiliencia climática como los humedales, incluidos los manglares, debe ser una prioridad de todos los Estados de la región. Las autoridades públicas están llamadas a facilitar, no a castigar, que se revise la legalidad de las aprobaciones ambientales de proyectos que podrían tener efectos perjudiciales en estos ecosistemas. La justicia climática y el respeto a los derechos humanos no son elementos accesorios, sino condiciones estructurales para avanzar hacia economías resilientes, bajas en carbono y socialmente inclusivas. La protección de las personas y organizaciones defensoras del ambiente constituye un indicador clave del compromiso democrático y climático de los Estados.
Instamos respetuosamente al Estado panameño y a las autoridades competentes a asegurar que las medidas adoptadas se ajusten estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y a garantizar que ningún mecanismo judicial o financiero sea utilizado de forma que pueda interpretarse como intimidación o represalia contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la participación y a la defensa ambiental.
Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional —incluidos organismos multilaterales, agencias del sistema de Naciones Unidas, mecanismos regionales de derechos humanos y socios de cooperación— a dar seguimiento a esta situación y a reafirmar la importancia de proteger el espacio cívico como condición indispensable para la acción climática efectiva y el cumplimiento de los compromisos ambientales globales.
Reiteramos que fortalecer el espacio cívico, garantizar la participación pública y proteger a quienes defienden el ambiente es fundamental para avanzar en la implementación de los compromisos climáticos nacionales e internacionales. La región necesita más ambición climática, más diálogo democrático y mayores garantías para la sociedad civil.
América Latina y El Caribe, 19 de febrero de 2026.
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