Organizaciones internacionales, preocupadas por la violación de derechos humanos y de la naturaleza, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la magnitud de los incendios forestales que azotan las provincias del sur de Argentina desde el inicio de este año. Autoridades provinciales reportaron una superficie quemada acumulada superior a 230.000 hectáreas en la región patagónica. Actualmente, en la Provincia de Chubut, el fuego rodeó la localidad de Cholila y se estiman alrededor de 35.000 hectáreas afectadas, con cierres de caminos y comunidades organizándose ante la insuficiencia de recursos en territorio.
Ante la gravedad de esta emergencia, los gobernadores patagónicos solicitaron al Congreso el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea. El objetivo primordial es habilitar fondos extraordinarios, reforzar la logística de los medios aéreos y equipamiento, y optimizar la articulación operativa entre el Estado Nacional y las administraciones provinciales.
En paralelo, advertimos que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de modificación de la Ley 26.639 de Glaciares, una norma reconocida internacionalmente por su nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. El proyecto introduce cambios que, en la práctica, buscan reducir el alcance efectivo de esa protección al trasladar definiciones clave y facultades de autorización a niveles provinciales y a evaluaciones discrecionales caso por caso.
Estos dos procesos responden a un mismo patrón sistémico. En un contexto de un gobierno nacional que ha cuestionado públicamente el consenso científico sobre la crisis climática, observamos una alarmante convergencia: la respuesta insuficiente ante emergencias que exigen respuestas inmediatas a escala nacional y regional, sumada a iniciativas que debilitan marcos legales de protección ambiental de referencia. Esta combinación agudiza la vulnerabilidad de comunidades, ecosistemas y fuentes de agua, con impactos que trascienden fronteras.
Llamado a la comunidad internacional
Hacemos un llamado a organizaciones internacionales para que acompañen una acción coordinada de denuncia y presión pública con el fin de:
- Exigir el fortalecimiento operativo inmediato del sistema de respuesta a los incendios en la región patagónica.
- Demandar transferencias excepcionales y rápidas de fondos a gobiernos provinciales, destinados prioritariamente al combate del fuego, la asistencia humanitaria a comunidades afectadas, la restauración de ecosistemas y el desarrollo de programas educativos de prevención.
- Instar al Congreso de la Nación a tratar con carácter de urgencia los instrumentos de emergencia durante el período de sesiones extraordinarias de febrero de 2026
- Rechazar categóricamente cualquier intento de modificar o reducir los niveles de protección de los glaciares y de su ambiente periglacial, reafirmando su estatus como reservas hídricas estratégicas e irrenunciables para la vida en el territorio argentino.
No estamos ante una coincidencia de eventos desafortunados, sino ante un contexto histórico donde la desatención del Estado y el retroceso legislativo amenazan los pilares de la supervivencia regional. Mientras el fuego consume el presente de nuestras comunidades, la reforma de la Ley de Glaciares pone en jaque el futuro del agua. Ignorar la ciencia y debilitar la ley no es una opción política legítima cuando los costos se miden en ecosistemas perdidos y derechos humanos vulnerados. La solidaridad internacional y la acción institucional inmediata son la única barrera visible que separa a la región de una catástrofe socioambiental irreversible. La protección de la vida y la integridad de nuestra tierra no son negociables.
Contacto para prensa: Laura Restrepo | Oficial de Incidencia CANLA | lrestrepo@canla.org
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