El avance de las actividades extractivas en la Amazonía sumado a las consecuencias y efectos del cambio climático han afectado la sostenibilidad del bioma hasta el límite del «punto de no retorno», es decir: la pérdida de las características y condiciones del ecosistema provocando la sabanización de la Amazonía y afectando el funcionamiento del sistema hidrológico mundial. Lo anterior, es, sin duda, un enorme desafío para la humanidad y, en particular, para los líderes y tomadores de decisión de los países Amazónicos en tanto el bienestar y salud del bosque depende, en gran medida, de las políticas, programas y acciones que se establezcan, implementen u omitan.
En ese sentido, lo que se vio estos días con el resultado del referéndum público para dejar de explotar el petróleo en el bloque 43 del Parque nacional Yasuní, en Ecuador, debe, sin duda, inspirar a muchos líderes y activistas para promover mecanismos que favorezcan la vida del bosque y, con ello, nuevas economías. Pueblos indígenas y comunidades locales han vivido en armonía con la selva y desarrollado formas de relacionamiento con el ecosistema que deben potenciarse y rescatarse; reconociendo que sus economías y sistemas han subsistido por milenios a pesar de la arremetida del sistema neoliberal- extractivista.
Actualmente, los líderes de los países Amazónicos y sus socios comerciales tienen en sus manos momentos cruciales para demostrar de qué lado de la historia están. Si prevalecerá el resguardo a la vida o el amor al poder y dinero. Los países Amazónicos, en particular, deberán dar señales concretas para operacionalizar la Declaración de Belem que, si bien está plasmada de buenas intenciones, no da cuenta de una ruta de implementación clara y los medios para emprenderla. Así, de cara a la Cumbre de Ambición (septiembre) y la COP28 (diciembre) en Dubai, es clave que los países den cuenta de una posición vanguardista y visionaria en defensa de la Amazonia, en función de tejer el camino para decisiones transformacionales en la COP30 en Brasil.
En el contexto anterior, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA)[1] pone en consideración las siguientes necesidades y reclamaciones;
- La firma de compromisos sin rutas claras de implementación son meros asuntos declarativos que no responden a los desafíos del siglo XXI. Así, los países deben presentar un Plan de Acción incluyendo los medios y mecanismos de implementación para cumplir con el compromiso firmado durante la COP26 de alcanzar deforestación cero al 2030. En ese sentido, la propuesta de los movimientos regionales y reconocida por el gobierno de Colombia de proteger el 80% de la Amazonía para 2025 debe incluirse como hito de cumplimiento.
- La inestabilidad climática, así como las pérdidas y daños claramente identificables a lo largo y ancho de todo el planeta hace imperativo el abandono de los combustibles fósiles. En ese contexto, los países que comparten el bioma Amazónico deben establecer zonas de exclusión petrolera y prohibir la expansión de la industria en la Amazonía y sus zonas buffer. Para ello, deben continuar el impulso generado en Ecuador y construir un mapa de abandono progresivo de la industria para declarar a la Amazonía como Zona de No Proliferación de Combustibles Fósiles durante la COP30.
- Los compromisos de Kunming-Montreal de conservar el 30% de la biodiversidad al 2030 y la promesa de garantizar los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y tradicionales efectuada en Belém do Pará deben atenderse de manera sinérgica y eficaz. De tal manera, es perentoria la titulación territorial de los pueblos y nacionalidades reconociendo que los pueblos indígenas son verdaderos custodios de la biodiversidad, al representar solamente el 5% de la población a nivel mundial y proteger el 80% de la biodiversidad global.
- Para dar pie a la necesaria y urgente transición energética y promover un nuevo vínculo Amazonía-mundo es de vital relevancia asegurar el acceso a la información adecuada y oportuna, garantizar la participación plena y efectiva y velar por una justicia imparcial e igualitaria. En ese sentido, los países deben ratificar e impulsar el marco de acción establecido en el Acuerdo de Escazú, incluyendo acciones para la defensa de los defensores en asuntos ambientales, para otorgar legitimidad y respaldo a la toma de decisión.
- Emprender las transformaciones en los sistemas de producción, distribución y consumo vigentes requerirá cambios en los sistemas financieros y económicos que han permitido el desarrollo y crecimiento durante el siglo XX. En ese marco, será clave ajustar los esquemas presupuestarios nacionales a fin de asegurar que los recursos públicos sean asignados a actividades y sistemas que favorecen la agenda climática e impulsar mecanismos innovadores de financiamiento. En particular, los países Amazónicos deben avanzar en el desarrollo de esquemas de retribución por biodiversidad y establecer posiciones comunes que aseguren la conservación y la promoción de economías del bosque. Al respecto, recordamos a los países que no cualquier financiamiento es adecuado y es necesario impulsar mecanismos para que los países industrializados cumplan con sus compromisos de financiamiento y esquemas de donaciones y sistemas de créditos blandos concesionales Norte – Sur.
[1] CAN Latinoamérica representa a más de 50 organizaciones climáticas de 17 países de la región que abogan por acciones sustantivas y transformadoras frente a la crisis sistémica vigente.