La COP30 en Belém es más que otra cumbre climática. Debe ser una prueba para el multilateralismo y para la capacidad del sistema internacional de transformar compromisos en acciones reales. En un contexto de inestabilidad global y crisis de confianza hacia los mecanismos de cooperación, la agenda climática sólo podrá avanzar si es capaz de mostrar resultados concretos para la vida de las personas y los territorios.
En América Latina, hablar de transición energética y de descarbonización no es solo una conversación técnica: es hablar de derechos, bienestar y justicia social. La transición energética debe garantizar condiciones dignas de vida, evitar reproducir desigualdades o crear nuevas zonas de sacrificio, y también impedir la consolidación de nuevos ciclos de extractivismo mineral que no promuevan salvaguardas urgentes ni beneficios materiales de largo plazo para las poblaciones, especialmente las más vulnerables.
Hasta ahora, el Programa de Trabajo en Transición Justa (JTWP) ha generado diagnósticos y consensos en torno a principios. Pero el desafío en Belém es otro: cómo hacer que esos principios se traduzcan en decisiones vinculantes, recursos y estructuras permanentes de implementación. Esa será la única manera de poder llevar a la práctica las transformaciones necesarias para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y garantizar un futuro sano, justo y sostenible para todos.
Desde CANLA somos insistentes: basta con recambios tecnológicos, se requieren nuevas modalidades e instituciones que orienten las rutas nacionales de transición y permitan su implementación con justicia social y ambiental.
La región exige pasar del diálogo a la puesta en marcha.
Elementos clave que la COP30 debe definir
1. Arreglos institucionales claros
La transición justa necesita órganos, roles y responsabilidades definidas. La propuesta más avanzada es el Mecanismo de Acción de Belém (BAM), que se sugiere como órgano de apoyo a la implementación, articulando tres funciones: intercambio de conocimientos, implementación y fortalecimiento de capacidades .
Sin embargo, el elemento no es el BAM como nombre, sino la necesidad de institucionalidad. El BAM es una posibilidad; lo esencial es que exista una estructura permanente que permita:
- Coordinar cooperación técnica y financiera.
- Acompañar países en planificación y reconversión productiva orientada hacia una economía de bajas emisiones, con justicia social.
- Evitar que la transición quede sometida al voluntarismo político de los gobiernos de turno.
En palabras simples: si no hay institución, no hay implementación.
2. Gobernanza multiactor vinculante
La transición justa solo será legítima si incorpora a quienes históricamente han sido excluidos. CANLA plantea una gobernanza robusta e inclusiva, con participación formal y temprana de trabajadores, pueblos indígenas, mujeres, comunidades locales, sociedad civil, niñez, adolescencia y juventudes.
Esto significa institucionalizar:
- Diálogos sociales obligatorios.
- Espacios formales de toma de decisión para actores no estatales.
- Aplicación efectiva del CLPI (Consentimiento Libre, Previo e Informado).
Sin participación real, la transición deja de ser justa.
3. Financiamiento específico para Transición Justa
CANLA plantea que el financiamiento debe ser público, concesional y sin generar deuda.
La institucionalización debe incluir:
- Ventanas de financiamiento directo a comunidades y pueblos indígenas.
- Esquemas que no reproduzcan deuda ni dependencias.
- Apoyo a la planeación de los Estados para abandonar gradualmente los combustibles fósiles.
- Articulación entre los artículos 2.1(c) y 9.1 para garantizar que los flujos financieros públicos respalden una transición justa que trascienda el sector energético, reconociendo en la energía limpia, accesible y comunitaria un pilar para la justicia social, la soberanía y la resiliencia de los territorios.
América Latina: transición sí, pero no al costo de nuestra gente y nuestros pueblos.
CANLA como red es contundente: la transición no puede reproducir las lógicas extractivas ni generar nuevas zonas de sacrificio asociadas a minerales para la transición y renovables mal implementadas.
Una transición justa implica:
- Soberanía energética en los territorios.
- Acceso asequible, continuo y adecuado a la energía.
- Mencionar explícitamente el principio de suficiencia energética, evitando enfoques de adición energética que reproduzcan modelos extractivos y de sobreconsumo.
- Reconversión laboral con protección social.
- Reconocer el trabajo del cuidado.
- Cooperación internacional efectiva, no condicionada.
Belém será histórica si logra una cosa: operativizar la transición justa.
Si la COP30 no establece estructuras, procesos y recursos, corremos el riesgo de que la transición justa se quede en un slogan. Pero si se acuerdan mecanismos de implementación —sea el BAM u otra arquitectura— se abre la puerta a un cambio real para millones de personas en Latinoamérica.
La transición no es solo dejar atrás los fósiles; es avanzar hacia un modelo de desarrollo que ponga en el centro la dignidad, los derechos y la vida.
