Preámbulo y contexto general
La implementación de la nueva doctrina de seguridad estadounidense representa una reconfiguración regresiva y radical del contexto regional, impactando directamente nuestra labor en favor de la justicia climática y socioambiental. Los acontecimientos recientes reflejan la determinación de la actual administración estadounidense de expandir la frontera extractiva de combustibles fósiles y minerales críticos para la transición en América Latina, al igual que la intención de promover otros modelos de explotación, sin importar los métodos ni las consecuencias para las comunidades locales. Esto se traduce en el colonialismo verde que investigadores del Sur Global han señalado sistemáticamente como una amenaza a su soberanía.
Simultáneamente, advertimos con preocupación que la actual coyuntura geopolítica está siendo instrumentalizada por otros actores globales. Bajo un discurso de «fortalecimiento de relaciones» frente al repliegue de EE.UU., se oculta un neocolonialismo disfrazado que busca acelerar acuerdos de libre comercio asimétricos para asegurar el acceso a materias primas críticas y energía barata. Tanto la presión directa como la diplomacia extractiva profundizan el colonialismo verde que desde el Sur Global se ha señalado como una amenaza.
Este nuevo contexto, además de alejarnos del objetivo de 1.5° del Acuerdo de París, exacerba las vulnerabilidades y brechas de desarrollo derivadas del modelo económico imperante, al tiempo que incrementa los múltiples riesgos que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en la región.
La crisis de derechos humanos que persiste en Venezuela y en otros países de la región también reflejan que la arquitectura multilateral actual es insuficiente para brindar respuestas efectivas a las víctimas de los abusos.
La intervención militar e injerencia política estadounidense en Venezuela, o en cualquier otro país, constituye una violación flagrante del derecho internacional, es violatoria de la soberanía, atenta contra el multilateralismo y contra los derechos humanos. Además, es un catalizador del extractivismo destructivo que acelera el colapso climático.
Considerando el anterior contexto, desde la Red de Acción Climática de América Latina y El Caribe (CANLA):
- Condenamos las acciones de fuerza y las políticas de presión, vengan de Estados Unidos o de cualquier otra potencia militar, ocurran en Venezuela o cualquier otro lugar del mundo.
- Reiteramos que Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica significativa en la crisis climática, derivada de su papel como uno de los principales emisores históricos de gases de efecto invernadero. En este sentido, aun cuando decida retirarse de tratados internacionales o debilitar su participación en organizaciones multilaterales, no queda exento de sus obligaciones bajo el derecho internacional, particularmente su obligación de no causar daño transfronterizo al sistema climático, cuyas consecuencias trascienden fronteras y afectan de manera desproporcionada a América Latina y el Caribe.
- Advertimos que incentivar la extracción petrolera contradice los compromisos de financiamiento climático, puede generar un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero y perpetúa la dependencia anacrónica de la región del comercio de materias primas; responsabilidad que recae tanto en potencias externas como en la actual administración de Venezuela.
- Respaldamos la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles (Santa Marta, abril de 2026), convocada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, como un hito multilateral novedoso y necesario para una transición energética justa y democrática.
- Condenamos de manera inequívoca toda violación a los derechos humanos, independientemente de la filiación ideológica que puedan abanderar los perpetradores. Nos solidarizamos con las víctimas en Venezuela y en toda la región, especialmente con quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, periodistas, académicos, delegados de organizaciones de la sociedad civil, así como con los pueblos y comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y otras comunidades étnicas que enfrentan persecución en diversos contextos regionales.
- Denunciamos que las acciones implementadas recientemente por Estados Unidos profundizan el racismo ambiental y el colonialismo climático, impactando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, Los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras comunidades tradicionales ven amenazada su integridad por una agenda que prioriza el control de los recursos sobre la vida y la justicia.
- Hacemos un llamado para que la situación en Venezuela sirva para transformar tanto el sistema financiero internacional como la arquitectura del derecho internacional, de forma tal que éste no responda únicamente al interés de los Estados reconocidos por Naciones Unidas, sino además, pueda ser efectivo ante situaciones de vulneración de derechos en los contextos locales, especialmente de las minorías y de grupos altamente vulnerables.
- Manifestamos empatía y solidaridad con la situación que enfrentan muchas organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y en toda la región, aun cuando pudiera haber diferencias significativas en nuestros enfoques y en nuestra interpretación de la realidad. Nos une el compromiso irrenunciable con la dignidad humana y la vida.
- Reconocemos y valoramos la labor persistente que las organizaciones de la sociedad civil tienen en la defensa de los derechos humanos y en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, rol que adquiere una relevancia crítica en el contexto de una potencial/futura transición política en Venezuela.
- Subrayamos que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en un entorno seguro es esencial en la recuperación de la soberanía, la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
América Latina y el Caribe, enero de 2026.