Comunicado de Prensa
3 de septiembre de 2025 — Tras semanas de silencio, la Comisión Europea envió hoy el texto final del controvertido acuerdo comercial UE-Mercosur a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y al Parlamento Europeo. La Comisión había alcanzado un acuerdo político con los países del Mercosur —incluyendo Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— en diciembre.
La publicación del texto final abre el camino para la etapa crucial de ratificación. Como era de esperar, la Comisión Europea intenta acelerar este proceso dividiendo el pilar comercial del acuerdo, separado de la parte política, en lo que se denomina un acuerdo comercial interino. Con esta división, la aprobación del acuerdo UE-Mercosur solo requiere una mayoría cualificada en el Consejo Europeo y luego una mayoría en el Parlamento Europeo. Los Estados miembros ya no podrán vetarlo, y los parlamentos nacionales no tendrán voz en la ratificación del acuerdo.
Modificar el proceso de votación permitiría a la Comisión eludir a los parlamentos nacionales críticos con el acuerdo, excluyendo el escrutinio democrático y el debate público a nivel nacional y regional. Esto sucede en un momento en que las instituciones de la UE ya han criticado en varias ocasiones a la Comisión por la falta de transparencia en torno al acuerdo.
Audrey Changoe, coordinadora de política comercial e inversión en Climate Action Network Europa, señaló:
“Al dividir el acuerdo, la Comisión intenta colar el acuerdo UE-Mercosur por la puerta trasera. Esto contradice el mandato de negociación otorgado a la Comisión, que era negociar sobre la base de un acuerdo mixto para fortalecer las relaciones políticas con los países del Mercosur. Es un truco antidemocrático diseñado para silenciar las protestas masivas de agricultores, la oposición pública al acuerdo y la clara resistencia de varios países de la UE. Dividir el acuerdo constituye un abuso de poder escandaloso por parte de la Comisión y podría incluso ser impugnado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los Estados miembros, incluso aquellos que apoyan el acuerdo, deberían defender la democracia e invocar el incumplimiento de la Comisión con su mandato de negociación.”
CAN Europa, junto con cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios de la UE y de países miembros, ha condenado esta maniobra de división como un ataque a la democracia.
Riesgo de enfriamiento regulatorio por el mecanismo de reequilibrio
El acuerdo obligaría a la UE a contribuir al aumento de emisiones globales debido al comercio intensivo en carbono, mientras que en el Mercosur, Brasil aprobó recientemente una ley devastadora que debilita drásticamente las salvaguardas ambientales —un retroceso significativo para la legislación ambiental del país en los últimos 40 años. Además, las autoridades brasileñas suspendieron la moratoria de la soya en la Amazonía.
Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia en Climate Action Network América Latina, (CANLA), afirmó:
“La UE debería construir acuerdos comerciales basados en el respeto mutuo, la integridad ambiental y un compromiso compartido con el desarrollo sostenible. No hay economía resiliente en un planeta en llamas.
Lo más preocupante del acuerdo es la inclusión del mecanismo de reequilibrio, impulsado por los países del Mercosur. Esto puede presionar a los países de la UE a debilitar sus regulaciones ambientales y climáticas, provocando un enfriamiento regulatorio en ambos lados. La legislación europea sobre deforestación está entre los marcos más en riesgo.”
Geopolítica y beneficios económicos insignificantes
La novedad en el texto final es la inclusión de las llamadas “medidas de salvaguardia” para el sector agrícola, introducidas para responder a las demandas de países críticos como Francia, Polonia e Italia frente al riesgo de competencia desleal para agricultores europeos, en relación con importaciones más baratas de productos agrícolas. Sin embargo, estas medidas son vagas y solo aplican por un máximo de 4 años, sin resolver los problemas estructurales que el acuerdo genera para la soberanía alimentaria de la UE y para los agricultores pequeños y medianos. Precisamente, el sector agrícola ha sido uno de los más críticos con el acuerdo, ya que podría profundizar su crisis económica.
La Comisión Europea sostiene que el acuerdo aumentará el comercio con los países del Mercosur, especialmente en el contexto de represalias arancelarias de la administración Trump, aunque estudios e incluso su propia evaluación de impacto muestran que las ganancias económicas son insignificantes.
Audrey Changoe de CAN Europa indicó:
“Bajo el lema de no desperdiciar una buena crisis, la Comisión Europea utiliza las represalias arancelarias de la administración Trump y el contexto geopolítico como otra oportunidad para impulsar el acuerdo UE-Mercosur. Las ganancias económicas mínimas contrastan fuertemente con los efectos que este acuerdo tendrá sobre el planeta y las personas, particularmente sobre las comunidades indígenas. En lugar de eso, la UE debería enfocarse en fortalecer su autonomía económica y su mercado interno, no en acuerdos de libre comercio que socavan ambos.”
Notas para los editores
El acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo mixto, porque contiene una parte comercial (competencia de la UE) así como un pilar político y de cooperación (competencia compartida con los Estados miembros). Como acuerdo mixto, las concesiones comerciales deben enmarcarse en un acuerdo político más amplio. La ratificación de acuerdos mixtos requiere una votación en el Parlamento Europeo y una votación unánime de los gobiernos de la UE en el Consejo. Esto significa que cada Estado miembro tiene derecho a veto. Además, el acuerdo también debe ser ratificado por los Estados miembros de la UE de acuerdo con sus requisitos constitucionales, lo que incluye la aprobación por parte de parlamentos nacionales y regionales.
Esto contradice las directivas de negociación otorgadas a la Comisión Europea por el Consejo en 1999 y las Conclusiones del Consejo de 2018. Todo el proceso de escrutinio del acuerdo UE-Mercosur se basó en el entendimiento común de que los Estados miembros tendrían derecho a veto, ya sea en el Consejo o mediante la ratificación a nivel nacional. Ahora, la Comisión está acortando este proceso. Esto generaría problemas de procedimiento y podría incluso violar los Tratados europeos. Lea más en el Análisis Legal (sección 5).
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